Apunten sobre Latinoamérica: Copyfight en Chile

Ciertos influyentes intereses económicos y políticos conspiran por mantener rígidamente alambrados los territorios de la cultura. Recorren lobbies y pasillos de ministerios y legislaturas, y se han vuelto expertos en hacer valer su influencia en los despachos oficiales.

Sus privilegios heredados de la era análógica, colisionan contra un irreversible devenir digital que parece condenar sus territorios inmateriales a la disolución. Quiza parafraseando aquella cita atribuída a Hegel, fundamentan su postura monolítica: si la realidad no se ajusta a nuestra idea, pues peor para la realidad.

No importa que el precio sea criminalizar a su público, sus usuarios o sus lectores, vulnerar su derecho a la privacidad, fomentar la uniformidad y unidireccionalidad de la producción artística y cultural, o promover la pasividad y el estancamiento creativo…

De los dos lados de la cordillera

El extremo sur latinoamericano no es ajeno a estas coerciones. Gobiernos y Legislaturas son presionados constantemente para introducir modificaciones que consoliden aquellas leyes que trazan las fronteras imaginarias de la llamada «propiedad intelectual». En general este lobby actúa discretamente, pero en algunas ocasiones, se manifiesta abiertamente. Es el caso de uno de los proyectos de “canon digital” argentino, presentado por la Senadora Adriana Bortolozzi de Bogado (FPV), en mayo de 2008, que entre sus fundamentos admite sin disimulo, nada menos que declaraciones del El embajador de EE.UU. y datos aportados por la Secretaría de Comercio Exterior norteamericana, donde se menciona que “China y Rusia figuran al tope del ranking de piratería, en tanto que Argentina figura en el lote de los “prioritarios” junto con Chile, India, Israel, Pakistán, Tailandia y Venezuela”. No olvidemos tampoco las reuniones del Senador Filmus, o los globos de ensayo del diputado Morgado

Un año antes en Chile, la Presidenta Michelle Bachelet ya había enviado al Congreso un Proyecto de reforma a la ley de Propiedad Intelectual Chilena, buscando adecuar la legislación al TLC con EE.UU., es decir endurecer penas y aumentar medidas de vigilancia. Pero para una legislación particularmente indiferente a ciertos derechos de los usuarios conocidos como “usos justos” (algo parecido al “fair use” norteamericano), la adecuación tambien prometía buenas reformas en ese sentido.

En Argentina hay algunas excepciones al derecho de autor, que se han incorporado progresivamente a la ley 11.723 de Propiedad Intelectual, y a la jurisprudencia. Un ejemplo es el proyecto del Senador Rodolfo Terragno que sacó del ambito de la ilegalidad a las bibliotecas digitales para ciegos (redes de intercambio gratuito de textos), o la eximición del pago de derechos para obras interpretadas en eventos gratuitos organizados por instituciones sin fines de lucro, (por ejemplo los eventos escolares). Tambien ciertos usos de obras con fines didacticos, científicos o periodísticos están contemplados.

En el caso chileno, parece que la ley es menos tolerante y si mantiene en la ilegalidad —incluso en el ambito personal y sin fines de lucro— el uso de una obra para “un trabajo academico, una noticia, una parodia, una critica, una alabanza”, segun describen estos videos de la ONG Derechos Digitales y Trato Justo para Todos.

El acuerdo secreto

La inclusión de “usos justos” mas amplios que lo corriente entusiasmó a muchas organizaciones y activistas a integrar mesas de dialogo durante 2008, hasta que se conoció un acuerdo secreto entre el gobierno y la SCD (la sociedad de derechos de autor chilena) que establecía apoyar solamente las pretensiones de la SCD y excluir lo demas (los usos justos, eliminación de restricciones a bibliotecas, a usos educativos, limitaciones de acceso) y de paso dejar el escenario preparado para… el canon digital.

Esta revelación, y también un artículo en un sitio de lobby de la “industria cultural” que acuñó (quiza en un inconciente sincericidio) el término “Lumpen Digital”, no hizo más que estimular el activismo por parte de varias agrupaciones y sitios en internet: Liberación Digital, la ONG Derechos Digitales, No Soy Delincuente, Trato Justo Para Todos, Cultura Digital, Quemar las Naves, entre otros. Produjeron varios clips informativos muy recomendables que pueden verse en Youtube y recepción de firmas de apoyo.

Haz lo que yo digo

Ahora viene lo divertido… vale la pena mencionar entre los antecedentes de la SCD, la patética renuncia de su presidente —el cantautor Fernando Ubiergo— a comienzos de 2009, quien en medio de una presentación sobre los alcances del Proyecto de Ley de Derecho de Autor, sufrió el paradójico percance de que su powerpoint proyectado en la pantalla mostrara por unos segundos la leyenda “Esta Copia de Microsoft Office no es Original”. Si bien el conferencista pasó de largo el incidente, la atenta cámara del diario El Nortero captó el bochornoso acontecimiento. Prometiendo auditorías sobre la legalidad del software —utilizado en una organización que promueve la criminalización de los usuarios “piratas” (también de software), Ubiergo renunció.

Esto no fue mas que la punta del ovillo. Entre las idas y vueltas del proyecto, un grupo de legisladores no tuvo mejor idea que presentar una modificación que imponía la desconexión por un año de los infractores que descargaran archivos protegidos. El proyecto luego fue retirado, pero una de las derivaciones fue el hallazgo, dentro de los archivos ‘.doc’ del texto del proyecto, de vestigios de una instalación “pirata” de Windows, conocida como “Windows UE”, la cual deja un delator “The houze!” en los metadatos de los archivos Word.

Usos “Justitos” y Dia D

Luego de tanta resistencia, en Junio de 2009 los senadores acordaron un texto con algunas limitaciones al derecho de autor, aunque sin incorporar el termino “Usos Justos”, ni derechos para los ciudadanos comumes, como hacer compilados sus propios en CD, o pasar CD a mp3 (en Argentina la ley actual tampoco es muy precisa sobre esta cuestión).

Hoy martes 8 de septiembre, se vota en el Senado chileno la polémica ley, que debería incluir al menos el texto acordado.

Desde este lado de la cordillera les deseamos mucha suerte a los activistas y blogueros chilenos, que ya en 2007 demostraron un notable poder de organizacion al hacerse público un documento sobre el acuerdo entre el Estado Chileno y Microsoft. La reacción a través de blogs y foros generó una inédita presión de la ciudadanía chilena sobre sus funcionarios.

Nos quedamos por qué no, con un poco de sana envidia por esa capacidad de organizarse!.