Brasil: Subsidio Público y Acceso al Conocimiento

“Desde un punto de vista global, el acceso a la información y al conocimiento está dado como fundamental para la inducción del desenvolvimiento social y económico. Cabe recordar que entre las 18 metas del milenio definidas por las Naciones Unidas y aprobadas por sus 189 países miembros en 2000, está la necesidad de fomentar la educación y la enseñanza básica y tornar accesibles los beneficios de las nuevas tecnologías de información y de comunicaciones.”

Informe de GPOPAI, Universidad de São Paulo

Beneficio privado, financiamiento público

El “Grupo de Investigación en Políticas Públicas para el Acceso a la Información” (GPOPAI de la Universidad de São Paulo, publicó en 2008 un pormenorizado estudio “El mercado de libros técnicos y científicos en Brasil: subsidio público y acceso al conocimiento”, que recopila valiosos datos que miden empíricamente el grado de financiamiento público en la producción editorial destinada al ámbito científico y universitario, y la (escasa) retribución recibida por la sociedad, medida en tanto posibilidad de acceso al conocimiento.

Aborda el tema del financiamiento público desde estos tres ejes:

• La producción privada de libros, subsidiada a través de exenciones impositivas.
• La elaboración de contenidos, sostenida a través del financiamiento de la actividad científica y académica.
• La propia actividad editorial desarrollada por las editoriales universitarias públicas.

El estudio llega a algunas conclusiones generales significativas, como por ejemplo que “el libro técnico-científico es, en gran medida, producido a partir de investigaciones financiadas con recursos públicos”, que la industria editorial está “altamente subsidiada por una política estatal de inmunidad tributaria” y que adquirir la bibliografía necesaria (sin recurrir a opciones alternativas, como las fotocopias) “no está al alcance de los estudiantes”.

Vamos a tratar de resumir algunos puntos del informe y trazar paralelos con la situación en nuestro país.

Las fotocopias de la discordia

El conflicto abierto por las fotocopias entre las editoriales y la comunidad académica esta presente también en Brasil, y se ve reflejado en las últimas y llamativamente ambiguas modificaciones realizadas a las leyes de autor brasileñas en 1998: que sea legal fotocopiar sin animo de lucro un fragmento de un libro como indica la ley, es distinto si ese fragmento es un capitulo entero (como sostiene la comunidad académica) o sólo una página (como sostienen las editoriales). Tampoco queda claro quién es el agente autorizado para copiar y a quién se restringe la posibilidad de lucro, si al propio estudiante o al fotocopista.

Esta batalla por la interpretación de la ley se manifestó concretamente en 2005, cuando las cámaras de empresas editoriales (ABDR) comenzaron a actuar en los campus universitarios, y muchas universidades debieron definir una interpretación, muchas veces cercana a la ABDR.

De manera análoga en Argentina contamos con el nefasto antecedente de una incursión policial en la sede de Filosofía y Letras de la UBA, promovida por la Cámara Argentina del Libro (que consiguió luego algunas condenas), y la posterior legitimación de los intereses del sector por parte de la Universidad de Buenos Aires reflejado en el ignominioso convenio con CADRA (Centro de Administración de Derechos Reprograficos)

En contraste, la Universidad de São Paulo estableció su parecer con respecto a la interpretación de las leyes, sosteniendo que era legal la copia de fragmentos de una obra (capítulos enteros) y aún la reproducción de copias integrales si estaban agotadas, o no disponibles en el mercado nacional. Ésta es la auténtica posición de vanguardia que la UBA debería imitar¹.

La disputa en torno de la interpretación de la ley es de tal magnitud que provocó una reacción del lobby editorial norteamericano que recomendó a su gobierno que incluyese a la Universidad de São Pablo en el “Informe Especial 301”, un relevamiento realizado por la secretaria de comercio exterior norteamericana sobre los paises que deben estar “en vigilancia”, pasibles de recibir alguna clase de sanción comercial. Esto da cuenta del peso de los intereses puestos en juego.

La industria editorial y sus deudas

Es común que la industria editorial reciba toda clase de subsidios y exenciones impositivas, lo cual implica una importante transferencia de recursos desde la sociedad, hacia un grupo privado de empresas.

En Argentina por ejemplo la venta de libros está exenta² del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Es frecuente que las agendas culturales de gobiernos locales y nacionales incluyan subsidios directos a la producción editorial, y que se promuevan leyes y regulaciones para favorecer al sector con bastante frecuencia.

El informe brasileño, hace referencia al tema y trata de calcular el monto total implicado. Haciendo estimaciones conservadoras concluye por ejemplo que en 2007 el Estado Brasileño habría dejado de recaudar unos 600 millones de dólares, debidos a las exenciones impositivas a la industria editorial. Estos números son llamativos, pero para dar una idea del peso de esta cifra, comenta que “descubrimos que el subsidio público a las editoriales en la forma de inmunidad tributaria corresponde a cerca de dos veces el presupuesto de los gastos federales en el área de la cultura.”

Es muy loable promover la producción editorial, pero siempre y cuando no se afecte el derecho de acceso a la cultura, ya que entonces el objeto mismo del beneficio es claramente contradictorio: no se otorga un aliciente, privilegio o protección por una alguna arbitraria afinidad con los editores, sino porque supone un beneficio colectivo. Pero si el aliciente termina generando en cambio un perjuicio, o no genera beneficio alguno (excepto para las editoriales) ¿cuál es entonces la fundamentación?.

Por ejemplo, cuando el apoyo significa la no adecuacion del marco legal a un criterio de equidad, o incluso su endurecimiento, criminalizando a estudiantes y profesores por facilitar el acceso utilizando medios digitales, claramente, el motivo de la protección es completamente contradictoria. Si sumamos a esto el alto grado de participación de la inversión pública en el sector, entonces es escandaloso.

El mito de los autores

Como ya mencionamos alguna vez, los autores no viven del copyright. En el ámbito científico y técnico, es mas cierto todavía: gran parte de la producción intelectual está originada en la actividad acádemica cuyo sostén económico lo brinda principalmente la financiación pública.

El grupo de investigación de la Universidad de São Paulo ha determinado cuantitativamente cuál es el impacto de las inversiones públicas en la producción de los contenidos técnico-científicos, revelando que “una sorprendente cantidad de libros producidos por autores trabajando en instituciones públicas en régimen de dedicación integral o exclusiva, ya sea como docentes o como investigadores. Esto significa que los libros fueron originalmente publicados mientras los autores trabajaban en tiempo integral para una institución pública, siendo por lo tanto productos directos de la inversión pública en investigación y enseñanza”, y nuevamente con estimaciones conservadoras concluye por ejemplo que “en el área científica en los cursos de excelencia académica, sorprendentes 86% de los libros cuyos autores actúan en Brasil, son fruto de inversión pública directa”.

En las ya «míticas» Jornadas Sobre Derechos de Autor en el Mundo Digital realizadas en Sociales, el Profesor Daniel Link refiriéndose al escándalo CADRA/UBA, opinaba en el mismo sentido “Los profesores y autores de libros utilizados en la universidad que defienden como noble la política de entrega para que la CADRA distribuya entre sus asociados, por un trabajo que ya ha sido pagado por todas las instituciones que patrocinaron la investigación (la facultad misma, el Conicet, etc.), son cómplices y habría que pensar en dejar de dar bibliografía de estos autores que defienden los principios de las corporaciones, para que su fama se extinga”³.

Acceso a los libros

Para cualquiera que haya estudiado en una universidad argentina, el siguiente dato es el menos revelador del informe brasileño: aún sin considerar el significativo porcentaje de obras agotadas “los datos muestran claramente que la compra de los libros utilizados en la universidad (en oposición a la copia reprográfica de capítulos) no está al alcance de los estudiantes”.

Los costos varian entre 2000 y más de 3000 dólares, que superan el total del ingreso mensual de las familias de los estudiantes. Las bibliotecas —la solución frecuentemente propuesta desde las editoriales, no tienen suficientes ejemplares ni infraestructura para hacer frente a semejante demanda.

En Partido Pirata se preguntan si sería muy dificil hacer un estudio semejante en Argentina, habría que:

• Buscar el precio de todos los libros obligatorios para cursar las materias de primer año de una determinada carrera.
• Comparar esa cantidad con el ingreso medio de los universitarios en la Argentina.
• Comparar cuántos de esos libros están accesibles en las bibliotecas de las facultades.
• En función de eso evaluar el impacto del costo de los libros en el bolsillo de los estudiantes.

Un mundo razonable

Las recomendaciones finales del informe apuntan en una direccion clara, crear marcos legales que garanticen que el subsidio público al sector tenga como contrapartida garantías de acceso a los contenidos, en particular para fines educativos y científicos:

• “Las limitaciones de la ley de derecho de autor deberían prever la copia integral para fines no comerciales o, por lo menos, para fines didácticos y científicos.”
• “Las limitaciones deberían prever también la copia integral de títulos agotados.”
• “Que se defina en los contratos de trabajo con los investigadores que los libros resultantes de las investigaciones desarrolladas en la institución sean publicados con licencias que permitan la reproducción integral para fines didácticos y científicos sin intuito de ganancia.”