El gobierno norteamericano admite como erróneos los datos sobre daños provocados por la "piratería"

Artículo de Nate Anderson publicado en Ars Technica “US government finally admits most piracy estimates are bogus” [El gobierno de Estados Unidos finalmente admite que la mayoría de las estimaciones sobre piratería son erróneas].

la Auditoría General del Gobierno además tomó nota de que numerosos expertos dijeron que “hubo efectos positivos [de la piratería en la economía] y deben ser evaluados también” Todos hemos visto esos estudios proclamando pérdidas masivas en la economía norteamericana debido a la piratería. Una famosa estadística, utilizada literalmente durante décadas por los titulares de derechos y por el gobierno, ha dicho que hasta 750.000 puestos de trabajo y 250.000 millones de dólares al año, estaría perdiendo la economía de EE.UU. por culpa de las infracciones a la propiedad intelectual. Hace un par de años, hemos desacreditado ampliamente esas cifras. Durante años, los informes de la Business Software Alliance^/1(/blog/2010/04/el-gobierno-usa-admite-erroneos-datos-sobre-pirateria.html#223-01)^ sobre la piratería asumían que cada copia ilegal equivalía a una venta perdida. Y un estudio encargado por la propia MPAA^/2(/blog/2010/04/el-gobierno-usa-admite-erroneos-datos-sobre-pirateria.html#223-02)^ sobre la piratería de películas resultó exagerar las descargas en las universidades por un factor de tres.

¿Podemos confiar en alguna de aquéllas afirmaciones sobre la piratería?

El Gobierno Norteamericano no lo cree así. En un nuevo informe publicado ayer, los propios perros guardianes del gobierno estudiaron con más atención el asunto en un esfuerzo para cuantificar los efectos económicos de los bienes falsificados y pirateados. Luego de examinar todos los datos y consultar con numerosos expertos dentro y fuera del gobierno, la GAO (Auditoría General del Gobierno) concluyó (PDF) que es difícil, si no imposible, cuantificar los impactos sobre toda la economía. Luego de examinar todos los datos y consultar con numerosos expertos dentro y fuera del gobierno, la Auditoría General del Gobierno concluyó que es difícil, si no imposible, cuantificar los impactos sobre toda la economía A los estudios más específicos que se centran solamente en industrias individuales no les va mucho mejor, porque el carácter ilícito de la falsificación y la piratería hace que el impacto económico de las infracciones a la propiedad intelectual sea extremadamente difícil de estimar. Y cuando llega la hora de elegir una tasa de sustitución (cuánto de la actividad ilícita debería ser considerado como una venta perdida), nos quedamos sólo con supuestos… los cuales pueden tener una enorme influencia en los resultados finales estimados.

De esta forma, la GAO le dio la espalda a tres informes en particular, muy utilizados por el gobierno. Todos ellos son citados a menudo, pero todos son erróneos, y al menos uno todavía se sigue usando oficialmente.

Tres estimaciones comúnmente citadas sobre las pérdidas de la industria en EE.UU. debido a falsificaciones provienen de agencias del gobierno de EE.UU., pero no pueden ser confirmados o ni evaluadas las fuentes originales de la información o su metodología.

La primera: una serie de industrias, medios de comunicación, y publicaciones oficiales han citado una estimación del FBI que afirma que las empresas de EE.UU. pierden entre 200 y 250 mil millones de dólares debido a la falsificación, en un estimado anual. Esta cifra figura en un comunicado de prensa del FBI de 2002, pero los funcionarios del FBI nos informaron que no poseen registro del origen de los datos o la metodología utilizada para generar la estimación y por tanto no pueden ser corroborados.

La segunda: un comunicado de prensa de CBP ^/3(/blog/2010/04/el-gobierno-usa-admite-erroneos-datos-sobre-pirateria.html#223-03)^ contiene una estimación de que las empresas y las industrias de EE.UU. pierden 200.000 millones de dólares al año en ingresos y 750.000 puestos de trabajo debido a las falsificaciones de mercancías. Sin embargo, un representante de CBP explicó que estas cifras son de origen incierto, han sido desacreditadas, y ya no son utilizadas por la CBP. En Marzo del 2009 un memo interno de la CBP se distribuyó para informar al personal sobre no utilizar estas cifras. Sin embargo, otra entidad dentro de DHS sigue usándolas.

La tercera: la Asociación de Fabricantes de Motores y Equipamiento informó una estimación de que la industria piezas de automóviles de los EE.UU. ha perdido 3.000 millones de dólares en ventas debido a los productos falsificados y se atribuye la cifra a la Comisión Federal de Comercio (FTC). La OECD también ha hecho referencia a esta estimación en su reporte sobre falsificación y piratería, citando como fuente a la FTC. Sin embargo, cuando se estableció contacto con funcionarios de la FTC para justificar la estimación, no fueron capaces de localizar cualquier registro o fuente en sus informes y archivos, y las autoridades no pudieron recordar la agencia que pudo haber desarrollado o generado la estimación. Estas estimaciones atribuidas al FBI, el CBP, y la FTC continuan siendo referenciados por varias fuentes del gobierno e industria como evidencia de la importancia del problema de la falsificación y la piratería en la economía de los EE.UU.

La GAO por lo que vemos, ha fijado su atención en varios informes de la industria. La Business Software Alliance reclamó una pérdida de 9.000 millones de dólares por la piratería en 2008, pero su estudio utiliza supuestos que han generado preocupación entre los expertos entrevistados, incluyendo el supuesto de una tasa de sustitución de uno a uno y cuestionamientos sobre cómo los resultados de los países encuestados son extrapolados a los países no relevados.

Sigue la MPAA, con su encuesta errónea de 2005 públicamente cuestionada, que hemos mencionado más arriba. Pero incluso si se deja de lado la conclusión inicial falsa acerca de las descargas en las universidades, el estudio igualmente no debería ser utilizado por legisladores, es un caja negra:

Es difícil, en base a la información proporcionada en el estudio, determinar cómo sus autores han tratado supuestos clave, por ejemplo las tasas de sustitución y la extrapolación de las muestras relevadas a la población general, dice la GAO.

Más de lo que esperaban

¿Por qué es ahora el mismo gobierno quien presta tanta atención a la cuestión? Todo es debido a la “Ley PRO-IP“, la cual se aprobó bajo la presidencia Bush y llevó a Obama a nombrar un Coordinador de Cumplimiento de la Propiedad Intelectual (IPEC) dentro de la Casa Blanca. Parte de las responsabilidades del IPEC incluyen la recopilación de datos sobre piratería y falsificación, y la actual IPEC Victoria Espinel ahora es quien debe cotejar esos datos. El informe de la GAO es parte de este proceso, y ciertamente no hace que las estimaciones de la industria luzcan muy convincentes.

Muy irónico para un proyecto de ley que fue respaldado por los titulares de derechos más influyentes, incluso su acrónimo, “PRO-IP”, muestra claramente cuáles eran las intenciones. Pero, al poner el ojo sobre el arte negro de las “estadísticas sobre piratería”, la Ley PRO-IP está obligando a los titulares de derechos a bajar el tono de parte de su retórica más alarmista.

La RIAA, MPAA y otros, ya han solicitado Espinel hacer de la piratería en Internet su principal objetivo con el fin de hacer retroceder la oleada de robos a los derechos de autor.

¿Y qué hay sobre todos esos datos que Espinel ha solicitado, incluídas las metodologías detalladas? Las industrias de contenidos básicamente abandonaron, apuntando ahora a tres estudios realizados por un solo individuo, Stephen Siwek del Instituto de Políticas de Innovación. GAO analizó específicamente los trabajos de Siwek, que tratan de encontrar cuáles son los efectos de la piratería en toda la economía de EE.UU.

estos estudios ignoran una cuestión obvia: que los bienes pirateados dejan a los consumidores con más ingresos disponibles, los cuales probablemente vayan a otra parte de la economía El gobierno concluyó que la mayoría de los expertos entrevistados eran reticentes a aceptar la metodología de Siwek, su enfoque proviene del Departamento de Comercio, pero simplemente no fue diseñado para medir lo que está siendo medido aquí. Por ejemplo, estos estudios ignoran una cuestión obvia: que los bienes pirateados dejan a los consumidores con más ingresos disponibles, los cuales probablemente vayan a otra parte de la economía. El efecto sobre la economía en su conjunto, por tanto, es pura especulación y parece más bien tratarse de algo simplemente redistributivo.

Nada de esto quiere decir que la piratería y la falsificación no sean problemas reales. La GAO reconoce que el problema es considerable, pero también señala hasta qué punto los datos utilizados para producir estos estudios son erróneos. Las cifras reales en dólares y los números sobre las pérdida de empleos deben ser manejados con extremo cuidado y una buena dosis de escepticismo. La GAO además tomó nota de que numerosos expertos dijeron que hubo efectos positivos [de la piratería en la economía] y deben ser evaluados también.

Es una ecuánime y útil revisión de la GAO, que (con suerte) coloca algunos de los debates en materia de infracciones digitales en un territorio más sano.

Notas

Valdría la pena tener presente este informe cuando los legisladores de nuestro país toman como referencia en los fundamentos de sus proyectos, a los datos difundidos por el representante de comercio norteamericano, o las multinacionales, para justificar leyes represivas sobre la población, como aquel trasnochado proyecto de ley de la Senadora Adriana Bortolozzi de Bogado, que pretendía instaurar un canon digital y se hacia eco de los datos proporcionados por el Embajador Norteamericano y la Oficina de Comercio Exterior, datos que ahora el mismo gobierno norteamericano pone en duda, como la extrapolación de estimaciones de un país a otro, o la afirmación de que existe un “daño” provocado en la economía.

En definitiva, señores diputados y senadores, no hay datos concretos que avalen objetivamente la conclusión de pérdidas en la economía, o puestos de trabajo, relacionados con intercambio de archivos en internet, por el contrario hasta podría haber beneficios, y eso lo dice… el Gobierno de los Estados Unidos (el mismo que actualmente impulsa el ACTA