35 años de cárcel por consultar demasiados libros

35 años de prisión y una multa de hasta un millón de dólares, es una posible condena que podría enfrentar Aaron Swartz, un activista informático de 24 años.

Entre las peligrosas acciones y causas subversivas que figuran en su prontuario pueden mencionarse: la co-autoría (a los 14 años) de la especificación RSS (el sistema más popular para compatir la publicación de noticias en la red); la colaboración con Tim Berners Lee (uno de los inventores de la World Wide Web) en el desarrollo y promoción de estándares de internet; la fundación del grupo de acción “Demand Progress” (que atiende causas como la lucha contra la censura en la web, contra la corrupción corporativa, la defensa de la privacidad, etc.); la creación del sitio watchdog.net (para facilitar el acceso a la información gubernamental); la publicación de artículos sobre cómo las corporaciones corrompen instituciones científicas, ongs y medios (como ésta) realizada a través del “Harvard Ethics Center Lab on Institutional Corruption”); y la colaboración en proyectos como el popular sitio de noticias Reddit.net (y la liberación de su framework) o en el ambicioso “Open Library” de Internet Archive.

Definitivamente, un individuo muy peligroso….

El presunto “delito” cometido por Swartz es haber utilizado un script para automatizar la descarga masiva de documentos publicados en JSTOR, un sistema que provee acceso a papers académicos bajo subscripción.

“Journal Storage Curring”

JSTOR es, básicamente, lo que en nuestros pagos se conoce como un buen curro*…

Para entender cómo funciona, primero hay que entender cómo funciona otro consagrado curro, el de las llamadas revistas científicas: Las universidades desembolsan cuantiosos recursos en financiar investigaciones, los investigadores envían sus trabajos —generalmente pagando— a las llamadas revistas científicas, luego las llamadas revistas científicas usan a la misma academia —generalmente sin pagar— para hacer revisión de pares y mantener la calidad de lo publicado. Como es de esperar, para compensar tanta generosidad académica, las llamadas revistas científicas le entregan los ejemplares a las universidades en forma gratuita… bueno, no exactamente: les cobran a las universidades y bibliotecas importantes cifras en dólares para acceder a sus suscripciones, cerrando de esta forma un —poco ético— negocio redondo.

El curro servicio de JSTOR brinda acceso a una base de datos de revistas científicas en formato digital “para ahorrar espacio a las bibliotecas, que ya no disponen de estantes suficientes para albergar la enorme cantidad de publicaciones científicas actuales” —claro que realizando este loable servicio a 50.000 dólares la suscripción habría que preguntarse cuántos estantes se pueden construir.

Siendo que no gasta ni en financiar investigaciones ni en revisión de pares ni en imprenta ni en papel, el dinero recaudado por JSTOR (que es una organización “sin fines de lucro”) sirve para mantener la increíblemente costosa y multimillonaria infraestructura que —todos sabemos— implica mantener un sitio web en línea (?), es decir, el dinero termina en las mencionadas “revistas científicas” —que lo reciben sin haber impreso un sólo ejemplar— cubriendo las regalías por derecho de… ¿editor? perpetuando así un modelo parasitario que asombrosamente sigue sosteniéndose aún cuando la publicación y distribución en papel se haya vuelto obsoleta —particularmente dentro del ámbito científico.

Quien tenga una cuenta en JSTOR puede acceder a todo el material, pero según sus condiciones de servicio los usuarios se comprometen a no usar software automatizado para descargar masivamente artículos alojados en JSTOR. Presuntamente éste sería el grave delito cometido por Swartz, además de la forma irregular de entrar al sistema (aunque es costumbre entre investigadores y profesores de las universidades compartir sus usuarios y contraseñas de acceso a JSTOR, ya que es la institución quien paga la subscripción). Cualquier persona mínimamente sensata, aunque considere equivocada la conducta de Swartz, seguramente juzgaría como pena razonable para esta ofensa tan banal… ¡la baja de su cuenta en JSTOR! (o algo por el estilo). Sin embargo en la dimensión paralela de los talibanes de la propiedad intelectual y paranoicos de la inseguridad digital, amerita años de cárcel.

Tal como declara David Segal director ejecutivo de Demand Progress en The Boston Globe: “No tiene sentido, es como tratar de meter preso a alguien por el delito de haber revisado demasiados libros en una librería”. Tanto el MIT —la universidad desde donde Swartz presuntamente accedía a JSTOR—, como la propia JSTOR no han presentado cargos por este caso.

Yes We Can!

Carmen Ortiz, la fiscal por Massachusetts (que fue nominada por el presidente Obama para su cargo), dejó de atender algunas nimiedades propias de su función, tales como acusar a violadores, asesinos o banqueros corruptos por sus delitos, para dedicarse a un asunto tan serio como el de un estudiante accediendo exageradamente a papers académicos y presentó cargos contra Swartz: declaró que “Robar es robar, ya sea usando un comando de computadora o una barreta, y sea para llevarse documentos, dólares o datos”, y que “es igual de dañino para la víctima si vendes lo robado, como si lo regalas”. La condena máxima que podría llegar a recibir Swartz es de hasta 35 años de cárcel.

El día lunes Swartz acompañado por sus padres se entregó a las autoridades y compareció frente a la Corte de Distrito. Fue liberado bajo una fianza de $100,000 en efectivo y sigue investigado bajo los cargos fraude informático y abusos derivados, por haber afectado y usado indebidamente los servidores de JSTOR.

Sin embargo, la idea de que los 4 millones de papers científicos descargados se puedan compartir sin costo por una red P2P, más bien debería poner en duda el papel de JSTOR como intermediario, dejando al descubierto su verdadera misión: obstruir el acceso a las publicaciones científicas en vez de facilitarlo, perpetuando un sistema de apropiación de recursos completamente falto de ética.

Hacia un mundo de restricciones

Academia, estudiantes, acceso, bibliotecas digitales, e instituciones que en teoría deberían estar al servicio de la educación y la cultura, y en cambio criminalizan profesores o estudiantes… un coctel perverso cada vez más frecuente, que debemos tratar de revertir.

Así de mal están las cosas en el país serio del norte, mucho más cerca cada día del premonitorio relato de ficción imaginado Richard Stallman hace más de 10 años, “El derecho a leer”.

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(*) En Argentina “curro” significa una especie de robo o estafa que no llega a vulnerar los limites de la legalidad. Curro: En Argentina, engañar a alguien u obtener beneficios usando argucias. [fuente]

Imperdible el artículo de Aaron Swartz sobre ¿Quién escribe la Wikipedia?.

y gracias Fajro por las correcciones!