Balas de plomo para los artistas en el Centro Cultural General San Martín

El Centro Cutural General San Martín, (CCGSM) que depende del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es el mayor centro cultural público de la Argentina, y uno de los más prestigiosos de latinoamérica. Sus audiencias llegaron a rondar los 300.000 espectadores anuales, y supo ser sede de la CONADEP y de la propia legislatura en alguna época. Sin embargo desde enero de este año el edificio se encuentra militarizado por disposición del gobierno porteño, con numerosos agentes de la policía metropolitana y personal de seguridad no identificado circulando por sus instalaciones y con las actividades suspendidas. Esta medida es el medio que las autoridades de la “cultura” porteña eligieron para resolver un conflicto de larga data, protagonizado por artistas y estudiantes que resisten el cierre de un espacio alojado dentro del CCGSM: la histórica Sala Alberdi.

Durante la madrugada del miércoles pasado un operativo a cargo de la policía metropolitana escaló gravemente el nivel de violencia del conflicto al intentar desalojar por al fuerza a los manifestantes que se encontraban realizando un acampe cultural en la plaza seca adyacente al complejo, provocando al menos tres heridos de bala: yo fui herido con una bala de plomo en el muslo, que me dejó un orificio de entrada y de salida, por un policía de la Metropolitana que me disparó en el cruce de la avenida Corrientes y Paraná, declaró un periodista de la Red de Medios Alternativos, luego trasladado al Hospital Durand, que junto con un fotógrafo de la misma agrupación integran la lista de al menos tres heridos de bala, registrados en ese día*.

La Sala Alberdi

La Sala Juan Bautista Alberdi fue creada en el ámbito de la Dirección General de Enseñanza Artística la Ciudad hace más de 25 años, puede alojar unos 200 espectadores y funciona en forma independiente al CCGSM, aunque se encuentra ubicada en el sexto piso del enorme complejo ubicado en Sarmiento y Paraná. Con una trayectoria de espectáculos de jerarquía, en ella se ofrecían talleres de expresión teatral para niños, iniciación a la actuación para jóvenes, actuación para alumnos avanzados, comedia musical para jóvenes y adolescentes, asi como fotografía, títeres, producción audiovisual y artística, entre otros, todos ellos gratuitos y con orientación popular.

En septiembre de 2009 la jueza Fabiana Schafrik, ordenó al Gobierno de la Ciudad abstenerse de cerrar la Sala Alberdi confirmando una medida cautelar impulsada por un grupo de docentes y alumnos autoconvocados que resistían el desmantelamiento encubierto de dicho espacio (en un contexto de rumores sobre la privatización de todo el complejo). La Jueza indicó que el Gobierno de la Ciudad debía comprometerse a resguardar las actividades que se realizan en la sala, por considerarlas de importancia para la comunidad, según comentaba Gabriela Villalonga en 2010, la docente de la Sala que figura como titular del recurso de amparo. Desde entonces una larga batalla legal dio comienzo, junto con la progresiva desactivación de todo el complejo, en un supuesto proyecto de “renovación” por parte de la administración macrista —un proceso de privatización encubierta— que finalmente quedó inconcluso. Practicamente sólo la sala Alberdi mantuvo un agenda de funcionamiento permanente desde entonces. El gobierno porteño pretendía y aún pretende trasladar las actividades de la sala a un espacio ubicado en el barrio de Chacarita, que ni siquiera tiene escenario, que ya era insuficiente para las actividades que se llevaban a cabo en el lugar, y cuyas condiciones edilicias no son mejores que las del propio Complejo Cultural (la excusa del traslado son las malas condiciones del CCGSM).

En 2010 como parte de un plan de lucha y autogestión, se inicio una toma pacífica de la sala, manteniendo activos muchos de sus talleres, gratuitos y a la gorra, y también conferencias, debates, festivales e incluso un ciclo de cine copyleft. Martín Salazar, actor, director e integrante de Los Macocos decía en Página/12:

“Hace un par de años tuve que hacer un trámite en el edificio y subí por las escaleras: además de que pocas veces andan, los ascensores no son aparatos cuyo mantenimiento inspire mucha confianza. Así vi de cerca el estado de dejadez en que estaba el Centro Cultural. Me invadió una enorme tristeza ver esos espacios tan grandes, tan generosos, esperando que alguien los administre como corresponde. En una ciudad tan importante, el CCGSM debería ser una antena receptora de nuevas tendencias, un lugar para valorar las expresiones que no entran en otros teatros o salones más ortodoxos. Todo era desidia y descuido, pero en el sexto piso había un grupo de personas que asistía a una charla de filosofía, mientras en la sala de teatro se armaba la puesta de lo que iba a pasar esa misma noche. En ese piso todo era color, había instalaciones, gente trabajando y muy dispuesta a recibir propuestas para ofrecer ese hermoso teatro, que tenía una grilla de espectáculos muy nutrida y variada, con una selección de propuestas según los días más «taquilleros».”

“A esa gente que le infundía vida al espacio la balearon el otro día.”

A fines de 2012, con el receso de actividades veraniego, el Gobierno pretendió desalojar todo el complejo cultural y terminar así definitivamente con la toma del sexto piso, provocando un recrudecimiento del conflicto. Desde ese día un pequeño grupo de estudiantes permanece ocupando la sala en el sexto piso —sin alimentos ni acceso a los baños— y un acampe en la plaza seca los provee de lo indispensable (utilizando una soga). En el acampe se continúan realizando actividades culturales, sosteniendo a toda costa la agenda de la Sala. Participaron artistas como Vox Dei, Javier Calamaro o Arbolito y numerosas figuras del teatro dieron su apoyo, entre ellas Darío Grandinetti, Diego Capusotto, Natalia Oreiro, Rodrigo de la Serna o María Valenzuela, que se manifestaron en este video diciendo Yo tambien soy la Sala Alberdi.

Desinformación

Cuando el conflicto trascendió a los medios, la cobertura fue particularmente parcial y tendenciosa, cuando no manifiestamente lamentable. Si se tratara de una escuela pública convencional, y de alumnos y maestros con guardapolvo blanco en pie de lucha ante una medida de privatización o vaciamiento encubierta —con un amparo judicial en sus manos— es muy probable que el peso de la estigmatización de los medios no hubiera caído sobre los responsables de llevar a cabo la protesta, más bien al contrario. Pero en el caso de los artistas de la Sala Alberdi —calificados convenientemente de “ocupas” por varios medios, y por el propio ministro de cultura porteño— la carga de la prueba parece haberse invertido y los talleristas deben demostrar en todo momento la legitimidad —o al menos la pertinencia— de su reclamo, a pesar de contar con fallos judiciales favorables y con una reconocida trayectoria de actividades gratuitas y populares, y el apoyo del gremio y los trabajadores del Teatro.

Por el contrario, debería escandalizar la desmesura perpetrada por el poder del estado manteniendo a un pequeño grupo de estudiantes aislados, privados del acceso a baños o alimentos durante varias semanas —como si se tratara de una toma de rehenes y no del ejercicio del derecho de protesta, mediante una toma pacífica— en el contexto de una política de amedrentamiento y amenzas, poniendo los bienes inmuebles por encima de la integridad física de las personas: A mí me siguió una persona hasta mi casa, a un compañero le pegaron a la vuelta unos tipos de civil, a otra persona la detuvieron a la vuelta de la Sala y la tuvieron secuestrada en el auto durante tres horas, a un compañero malabarista lo enfrentaron personas que bajaron de un auto, lo golpearon y le dijeron ‘dejate de joder con lo que estás haciendo, la próxima vez te vamos a desaparecer directamente’ declaró hace unos días una participante del acampe.

Criminalización

Según la titular de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alicia Pierini, las responsabilidades por las posibles consecuencias de un recrudecimiento del conflicto están bastante claras:

“[…] los funcionarios de la Ciudad involucrados en la gestión cultural no han sabido construirle cauce al conflicto y, en su lugar, recurrieron al sistema penal. Es necesario aclarar que la judicialización penal de una protesta es una expresión de violencia, políticamente más grave que la “usurpación”, que es también una acción de hecho y no de derecho.”

“Solicitar a los jueces que ejerzan la coerción parece ser de derecho… hasta que llega la Policía y “cumple órdenes”, a su manera. Ya lo hemos visto: en las tomas de rehenes, los policías dialogan y saben cómo hacerlo, pero en la toma de espacios —sean ocupas o manteros— no.”

“Los funcionarios de Cultura han optado por criminalizar esta protesta que tenazmente protagoniza un exiguo grupo. Así, en lugar de abrir un cauce para que el conflicto des-escale , lo incrementaron y radicalizan. Esta es la preocupación que hoy tenemos como organismo de derechos y garantías: intuimos una escalada con riesgo de vulneración de derechos.”

Hasta ahora la única propuesta de resolución de conflicto que el gobierno de Mauricio Macri ha sabido esbozar es la violencia estatal pura y dura —a pesar de tratarse de un área de gestión por definición refractaria a la brutalidad, los aprietes, y la incultura— poniendo el foco por estos días en el “daño a las obras de arte” supuestamente perpetrado por los talleristas, para desencadenar y legitimar medidas represivas aún más severas.

El ministro Lombardi junto al Totem Kwakiutl “talado” y posteriormente aserrado en pedazos “para su restauración”.

Pero si se desea conocer con certeza cuál es el interés puesto por el actual gobierno en la preservación del patrimonio de la ciudad, basta con recordar la foto del Ministro de Cultura Hernán Lombardi posando junto al derribado monumento Kwakiutl donado por el gobierno canadiense, que el ministro ordenó talar al ras del piso con una motosierra para luego cortarlo en pedazos y mandarlo a un playón municipal a la intemperie para realizarle trabajos de restauración… lamentablemente alcanzará con un desafortunado grafiti pintado sobre una obra Le Parc en el CCGSM para llevar a la cárcel a más de un estudiante o trabajador del arte que ha decidido jugarse en la defensa del arte popular.

Una sola frase le alcanzaría a los ocupantes de la Sala Alberdi para resumir todo el asunto: yo estoy al derecho, dado vuelta estás vos….

Notas

Actualización:

Durante la madrugada del 25 de marzo, los cuatro artistas que mantenían la toma en el sexto piso del Centro Cultural San Martín —según lo decidido por la propia asamblea— abandonaron el espacio. Como luego relataron integrantes del colectivo en conferencia de prensa, la asamblea prefirió preservar la integridad física de los ocupantes ante el accionar intransigente por parte del gobierno: ante esta intransigencia y ante los 80 días de nuestros compañeros encerrados, preferimos preservar su integridad y que los compañeros bajaran por voluntad propia, para evitar así que los criminalicen a ellos, porque si tenían que criminalizar a alguien, tenía que ser a las mil personas que están llevando adelante esta lucha […] teníamos miedo por la integridad física de nuestros compañeros en un edificio totalmente militarizado, donde han recibido más de una amenaza y hostigamiento de parte de personas no identificadas, así como de la misma policía metropolitana. Representantes del colectivo de protesta junto con su abogado, el ex-diputado Luis Zamora, negociaron con las autoridades la salida de los cuatro artistas, que no fueron detenidos, aunque no se pudo evitar su identificación por parte de autoridades judiciales.

Por otra parte, se presentó una querella judicial en contra de policías y funcionarios por la represión del día 12 de marzo en las inmediaciones del Centro Cultural San Martín, cuyo saldo final fueron más de 100 heridos con balas de goma, 3 con balas de plomo y una joven con fractura de cráneo. En relación a estos hechos la abogada María del Carmen Verdú de CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) señaló que Acá no hubo un loquito que decidió usar el arma, sino que hubo una orden política. El Estado es quien organiza y dirige a esa fuerza represiva: ningún policía decide por sí mismo cómo actuar en un evento de esta envergadura. Asimismo, destacó el hecho de que los que recibieron balas de plomo sean trabajadores de prensa independientes: Lo que buscamos probar en la causa penal es que la orden era que no quedasen registros gráficos o filmados sobre lo que estaba sucediendo. No casualmente, durante los recientes hechos de represión protagonizados por la policía metropolitana contra los trabajadores del Hospital Borda, resultaran seriamente heridos varios periodistas, camarógrafos y asistentes de los medios de prensa que estaban cubriendo la noticia.

La Asamblea Abierta de la Sala Alberdi sigue organizando y sumándose a acciones de protesta y festivales culturales por toda la ciudad:

Lejos esta de morir la semilla que nació de esta lucha. Ahora saldrá a multiplicarse y hacerse fuerte y ocupara diez espacios y luego cien y luego mil. Siempre temporalmente hasta que la maquinaria lo descubra y lo reprima. Siempre un paso adelante, reinventandose y creciendo en cada encuentro.

Un documental de 12 minutos, que resume la historia del conflicto:

Ademas:

• Lean esta excelente crónica “Sala Alberdi: Represión, batallas culturales y ladrones de bicicletas”.
• Miren estas fotos “Sala Alberdi: Acampe, espera, desalojo y represión”.