Public Domain Works DB es un registro abierto de obras artísticas que están en dominio público. Está centrado en libros y grabaciones –Países de la UE están considerando actualmente una extensión de plazo para las grabaciones de sonido, que tendría un impacto dramático en el tamaño del dominio público. En el futuro se ampliará para cubrir todos los tipos de obras culturales que están cubiertos por derechos de autor.
“Entendemos la cultura no sólo como la forma de expresión de las relaciones y sentimientos humanos, pero también como un poderoso instrumento político. El control de su producción y del acceso a ella es elemento esencial para mantener la dominación de los pueblos y la concentración de poder. La cultura restricta y limitada por la lógica mercantil que entorpece de resignación las venas por las cuales corre la creatividad humana y bloquea las posibilidades de producción diversa que el desarrollo cultural libre exige. La cultura genuinamente libre depende de autonomía, acceso universal, y libre manifestación, sin direccionamientos y restricciones mercantiles, y que garantice supervivencia justa y solidaria del autor.” […]
Algunas notas sobre el proyecto de reforma de la ley de derechos de autor en Brasil: Brasil inició un proyecto de discusión pública para la modificación de su ley de derechos de autor. Concientes de la puja abierta entre la ciudadanía y la industria cultural, el Ministerio de Cultura de Brasil considera que la discusión pública es el camino ideal para darse politicas equilibradas que subsanen los problemas abiertos por las actuales políticas de derecho de autor. Conocer el proceso de Brasil es importante para pensar procesos similares en Argentina. Este texto es un borrador que pretende dar inicio al estudio sobre los procesos lanzados en otros países, que puedan servir al debate para Argentina.[…]
Hace unos meses publicamos un artículo sobre el debate que estaba (y está) desarrollándose en Chile a partir del tratamiento legislativo de la nueva Ley de Propiedad Intelectual, impulsada desde el Gobierno (saliente) de Michelle Bachelet.
Un aspecto interesante del proceso es la confluencia de nuevos actores y voces que se han convertido en grupos de presión que canalizan los intereses de los ciudadanos, y abordan el tema de la propiedad intelectual desde nuevas perspectivas: el acceso al conocimiento, los derechos de los usuarios, la cultura como patrimonio común, la privacidad etc. Estas voces provienen, como en muchos países que pasan por debates públicos similares, de grupos de usuarios, redes sociales, blogueros, activistas del software libre, y organizaciones de la sociedad civil.
ONG Derechos Digitales
Una de las organizaciones mas visibles y activas en el debate chileno es la ONGDerechos Digitales. Vale mencionar algunas de sus iniciativas: Creative Commons Chile, la adecuación de la licencias Creative Commons a leyes locales realizadas junto con la Universidad de Chile; el sitio Trato justo para todos, para informar adecuadamente a la ciudadanía de qué tratan las modificaciones de la legislación sobre propiedad intelectual, o Hipatia, una publicación sobre tecnología y cultura libre (muy recomendable) que también se puede acceder vía web.
Claudio Ruiz Gallardo es abogado y director de la ONG Derechos Digitales, (también tiene blog: Quemar las Naves, y amablemente accedió a una entrevista de Derecho a Leer, que realizamos vía e-mail:
Manifiesto ‘En defensa de los derechos fundamentales en Internet’
Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:
Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial.Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial –un organismo dependiente del ministerio de Cultura–, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividadesasociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
Charla-debate: autores, editores, propulsores de la cultura libre, software libre, pensadores de las nuevas formas de comunicación y distribución de textos.
El copyright y copyleft.
Publicaciones digitales.
Qué derechos detrás de “Todos los derechos reservados”.
Conveniencia de la circulación Libre de literatura.
¿Cómo Libre no es Gratis?
Debaten: Beatriz Busaniche (Fundación Vía Libre), Nicolás Echaniz (Coop. de Trabajo en Tecnologías de la Información y el Conocimiento), Editorial Vox, Editorial Funesiana, Editorial Zorra/Poesía, Editorial El fin de la noche.
Hoy Jueves 3 de diciembre de 2009.
Horario: desde las 19hs.
Lugar: Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543, 3er piso, Sala Jacobo Laks. Ciudad de Buenos Aires.
“El libro, como libro, pertenece al autor, pero como pensamiento el libro pertenece –la palabra no es demasiado abarcativa– al género humano. Todas las inteligencias tienen derecho de acceder a ese pensamiento. Si uno de los dos derechos, el derecho del escritor y el derecho del espíritu humano, debiera ser sacrificado, debería ser el derecho del escritor, pues el interés público es nuestra mayor preocupación, y todos, lo declaro, deben estar antes que nosotros.”
Víctor Hugo, 1878.
Apertura del Congreso Literario Internacional 1
Criminalizados
GRACIAS, legisladores, artistas, prohombres de la cultura, por otra ley que criminalizará lectores. Por otra ley que servirá para reforzar el hostigamiento legal a sujetos tan peligrosos para los libros como son los investigadores, los bibliotecarios o los estudiantes.
Gracias por el “Instituto Nacional del Libro”, sólo faltaba eso, destinar dineros públicos a la producción de bienes monopolizados por privados: ser multado por fotocopiar el capítulo de un libro, 750 pesos; por copiarlo todo, 10.000 pesos; saber que uno mismo ha contribuído a financiar ese libro… no tiene precio.
Porque tal como lo indican las leyes por las que el futuro ente autárquico promete velar…
b) velar por el cumplimiento de la ley 25.446 y de todas aquellas normas que fomenten la producción y lectura del libro argentino;
…actividades tan fraudulentas como: el acceso y manipulación de material bibliográfico requerido por los investigadores, el acceso a material de estudio por los estudiantes, o la preservación y difusión de libros por parte de las bibliotecas, entre otras varias inmoralidades semejantes que los lectores podrían acomenter contra los libros (y ni hablemos de compartirlos por P2P): son delito.
Y un delito grave, reprimido nada menos que con el código penal. No hay excepciones al monopolio comercial sobre las obras. Y tampoco se anda con ambigüedades en cuestiones «retrográficas»:
h) proteger el libro de la reprografía ilegal y la falsificación editorial;